«Sin querer despreciar a nadie, más bien al contrario, necesitamos que la ley incluya todas las enfermedades que provocan una gran dependencia. No podemos estar pendientes de hasta qué punto será influyente un enfermo para abordar el problema. Teníamos y tenemos la herramienta, y este fue uno de los motivos que claramente propició que en 2006 se aprobara la denominada ley de dependencia. Algunos enseguida dijeron que se había aprobado esa cuarta pata del Estado del bienestar y que se trataba de una panacea innovadora para todo el mundo; pero, en Cataluña, dieciocho años después, vemos que la Generalitat ha dedicado más de 12 000 millones de euros a esta finalidad desde 2008 y actualmente aporta un 66 % del total. El copago de la ciudadanía, de catalanes con familiares dependientes, pasa del 6 % al 17 %, con un pico del 20 % entre 2016 y 2021. La deuda estatal en Cataluña por la ley de dependencia se sitúa prácticamente en 6 millones de euros; y aunque el Estado recuperó un fondo complementario para las comunidades autónomas en el plan de dependencia de 2021, con una inyección de 208 millones de euros para Cataluña, en los últimos tres ejercicios, igualmente, no se ha paliado ese desequilibrio.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.