«Con el objetivo de reducir las listas de espera de la dependencia, en 2001 nuestro Gobierno de coalición aprobó el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023, con una inversión de 3600 millones de euros. Pero el dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia de 2023 confirma que en 2023, a pesar de triplicarse el presupuesto aportado a las comunidades autónomas por parte del Estado tres veces desde 2018, Andalucía ha rebajado su aportación a la dependencia en más de 50 millones de euros; nos dice que en Madrid el gasto público en dependencia por persona es más de 200 euros inferior a la media nacional, y nos dice, señora Calvo, que Cataluña sigue siendo líder desde 2017, casi diez años, en listas de espera de dependencia. Al ritmo que va Cataluña, se necesitarían tres años y medio para poner al día la lista. Es evidente que las personas con ELA necesitan mayor protección y mejor atención. Es evidente que necesitamos un instrumento legal para hacer más efectivas las obligaciones y las medidas que toman los gobiernos, cada uno en sus competencias. Se ha dado un primer paso con la aprobación del Real Decreto 888/2022, un logro del grupo de trabajo formado por el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Derechos Sociales, el Ministerio de Inclusión Social y ConELA, con la Fundación Luzón a la cabeza; un real decreto que incluye un trámite de urgencia para necesidades especiales, como la ELA, nuevos baremos y métodos de seguimiento y evolución, un primer paso al que le siguen los dos centros para personas con ELA de Oviedo y Cáceres, al que le siguen también el paquete de medidas que ya han emprendido el Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio de Sanidad para la atención prioritaria de la dependencia, y también para un programa específico de atención sanitaria que incluya la rehabilitación y la salud mental.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.