«Señorías, hoy estamos hablando de 209 168 mutualistas en la abogacía y de 11 314 mutualistas de la procura, con muy diversas situaciones. La Dirección General de la Seguridad y Asuntos Sociales, en contestación a un requerimiento de la Mutualidad de la Abogacía en 2004, dijo entre otras cosas que cabe señalar que ni en la vigente legislación existe previsión alguna que dé pie a la integración en el sistema de la Seguridad Social de la mutualidad ni de ninguna otra mutualidad de previsión social, incluso cuando puedan actuar como alternativas al RETA, ni parece que de lege ferenda existan motivaciones o causas que vinieran a justificar la habilitación normativa para que pudiera llevarse a cabo en el futuro. No hay tiempo de relatar aquí tantas vicisitudes posteriores; lo cierto es que, si ya entonces era evidente que existía una inquietud por los cambios, finalmente esa inquietud se convirtió en alarma. El Partido Popular, consciente de esa alarma, y tras múltiples reuniones, incorporó en la medida 25 del programa de elecciones generales que era preciso proceder a estudiar esta situación y proponer las medidas adecuadas cuando se conociera a fondo el tema. Por eso, con esta iniciativa queremos dar cumplimiento a esa medida y queremos dar impulso a que se aprueben las medidas más adecuadas, tratando de superar en lo posible el sistema de previsión social que los interesados consideran inasumible o injusto. Y tanto que resultó hiriente que la ministra de Seguridad Social se refiriera por primera vez en este mismo hemiciclo a ello el 21 de febrero con frivolidad y displicencia, faltando al respeto a generaciones de abogados y procuradores que, según ella, se encuentran en la actual situación porque tomaron una mala decisión cuando iniciaron su carrera profesional, no supieron elegir y ahora claman porque les dejen disfrutar del sistema público. ¿No será, señorías, que el Gobierno socialista fue el que tomó algunas malas decisiones en octubre de 2004? No, señora ministra, no fue una mala decisión de los profesionales, ni usted desde el 7 de marzo ha encontrado la piedra filosofal. Por eso es oportuna y necesaria esta iniciativa, para que no nos digan después algunos de los intervinientes que ya está resuelto por el Gobierno. Es preciso tomar conciencia del tema escuchando a todos, reconocer el problema, que es un problema complejo, que es imprescindible transparencia para afrontarlo, que no caben improvisaciones, parches ni sacrificar a unos por otros y que hay que aprender de los errores cometidos. Señorías, todos los grupos están interesados. Se ve por sus enmiendas. Les pido, pues, que trabajemos en común por la mejor respuesta, no por sacar adelante la propuesta que cada uno creemos que es la más adecuada, sino con unión para favorecer la mejora de este sistema, porque abogados y procuradores se lo merecen.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.