Enrique SantiagoSumar
Diputado
«Presidente, señorías, en España hay 150 000 profesionales de la abogacía y diez mil de la procura, y tributan un tipo medio de IRPF del 28 %, un esfuerzo fiscal bastante más alto que el de bancos o grandes empresas. Sus retribuciones medias son aproximadamente de 30 000 euros anuales. Considerando los ingresos desmesurados por el ejercicio de la abogacía que están concentrados en los grandes despachos, concluimos que la inmensa mayoría de los profesionales de la abogacía y la procura están mal pagados, a pesar del trabajo de defensa de la ciudadanía que realizan. La mayoría de estos profesionales perciben ingresos similares a los de un trabajador, es decir, son trabajadores. Abogacía y procura se han visto atrapados en un sistema de protección social privado, las mutualidades profesionales, más dedicado al negocio inmobiliario que al bienestar de los mutualistas. Las prestaciones sociales o sanitarias que reciben son indignas o insuficientes; la prestación por desempleo no existe, y por incapacidad temporal perciben cuantías miserables y de escaso tiempo, insuficientes para sobrevivir; las pensiones de jubilación son miserables, entre 400 y 600 euros al mes para la mayoría, y el 90 % de las pensiones de la Mutualidad de la Abogacía son inferiores a las mínimas de la Seguridad Social.»
Fragmento 1 de 3 de esta intervención.