«Desde aquí queremos hacer una reivindicación a la profesión del abogado y del procurador, profesiones que se basan en el principio de la vocación; profesiones sin horarios, con plazos perentorios, sin vacaciones en muchos casos, sin maternidad y con una altísima responsabilidad. La propia Constitución pone en manos de abogados y procuradores algo tan importante en un Estado de derecho y en una democracia como es el derecho de defensa y de representación de los justiciables, y nada menos que la obligación de llevar a cabo el turno de oficio y la asistencia letrada al detenido, que se está realizando desde hace décadas en condiciones inhumanas, miserables. La justicia gratuita en España no es que esté mal pagada, es que está despreciada directamente. Por tanto, hoy, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que los abogados y procuradores de España ni siquiera tienen una jubilación digna; esto es inaceptable. Cuando las mutualidades profesionales nacieron a mediados del siglo XX, hacia el año 1950, fueron obligatorias hasta el año 1995, no había alternativa posible, o entrabas en la mutualidad o no ejercías como abogado y procurador. En 1995 se abre la alternativa en el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, pero realmente este sistema alternativo se vio frustrado cuando en el año 2005 se pasa de la capitalización colectiva a la capitalización individual. En ese momento muchos abogados y procuradores de España vieron que aquello que se les había prometido, aquellas expectativas económicas de una jubilación digna -muy limitada, pero digna- quedaban reducidas a la nada. Desgraciadamente hemos tenido que sufrir cotizaciones cautivas a las diferentes mutualidades, es decir, que solo al llegar al momento de la jubilación podían retirarse esas cotizaciones y encima se les aplicaba una fiscalidad como si de planes de ahorro o planes de pensiones se tratasen y no como lo que se nos había dicho que era, un sistema de previsión social o de jubilación.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.