«Gracias, señora presidenta. Cuando una administración, como es el caso, deniega la desclasificación de unos documentos, comprenderá que es un deber institucional básico de un ministro del Gobierno no desvelar los motivos por los cuales esos documentos siguen clasificados. Cuando desclasificamos documentos aplicamos unos criterios que son generales en toda Europa: en primer lugar, cuando nos lo solicita un juzgado -para colaborar con la justicia y facilitar su trabajo- y, en segundo lugar, que no afecte a la seguridad nacional a criterio del órgano que ha de desclasificar. Son criterios, señoría, que usted podrá no compartir, pero que son los que con normalidad se utilizan en una democracia plena como es España y, por tanto, creo que esta es la línea y este es el deber institucional que tiene un ministro del Gobierno: respetar las declaraciones de desclasificación de un documento que ha decidido una administración. Gracias. (Aplausos).»