«Ocurre que estos incrementos han tenido lugar al mismo tiempo que el salario medio en España alcanzó un máximo histórico de 1900 euros mensuales, un 5,4 % más que en el año anterior. La encuesta de condiciones de vida también nos muestra que la pobreza monetaria ha descendido hasta su cifra más baja desde 2008, que los ingresos medios por persona y hogar han aumentado más de un 8 %; que el índice Gini, que mide la desigualdad, ha bajado al mínimo de la serie histórica, que también se ha reducido la brecha salarial y que las personas en muy baja intensidad laboral se han reducido a la mitad, eran casi un 17 % en el año 2014 y son un 8,4 % en 2023. Es decir, los hogares más vulnerables trabajan más, obtienen más ingresos, se ha reducido la desigualdad y, sin embargo, ha aumentado el riesgo de exclusión social y de carencia material severa. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). La pregunta es a qué se debe esta combinación de datos muy preocupantes y de datos positivos. Yo creo que lo que señala esta discrepancia es que, pese a los avances en materia de empleo y en materia de salarios, el aumento de los precios de la energía, en primer lugar -que eran especialmente elevados cuando se realizó la encuesta y que hoy están más contenidos-, pero también el precio de los alimentos y de la vivienda, que continúan subiendo, están teniendo un impacto muy negativo en la cohesión social y en el bienestar en nuestro país. Estos datos también nos señalan que el mercado laboral por sí solo no es capaz de solucionar los retos de la desigualdad y de la pobreza en España. Si fuese cierto -como acostumbraba a decir siempre la derecha- que la mejor política social es crear empleo, yo no tendría que estar hoy aquí exponiendo este problema, de modo que sí, la política social tiene que desempeñar un papel proactivo para corregir esta situación estructural.»

Fragmento 2 de 7 de esta intervención.