«Señorías, como recuerdan, en este real decreto por el que se aprobó el estado de alarma se consideró que los servicios de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, tenían la condición de servicios esenciales que se debían seguir prestando, también los servicios postales respecto de los que el ministerio tiene la condición de autoridad regulatoria en lo que se refiere al servicio postal universal. Los motivos eran evidentes. La población estaba confinada en sus domicilios para evitar los contagios y frenar la pandemia, pero era indispensable mantener aquellos servicios que garantizaran el abastecimiento y el reparto de bienes, también el transporte de las personas que debían realizar los servicios esenciales. Por eso, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tenía la condición de autoridad delegada y, por eso, señorías, tenía la obligación de actuar de forma inmediata en su esfera de actividad para proteger personas, bienes y lugares, en los términos establecidos en la normativa sobre contratación de emergencia para hacer frente a un grave peligro. Bajo este marco jurídico, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana procedió a autorizar la adquisición centralizada de mascarillas de protección FFP2 mediante las órdenes ministeriales de 20 y 26 de marzo, necesarias para el personal relacionado con el sector del transporte, por el procedimiento de la tramitación de emergencia. La necesidad de actuar inmediatamente en el contexto que he descrito fue la que motivó la compra centralizada dentro del ámbito del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se optó por acudir a entidades públicas adscritas al mismo atendiendo a su mayor capacidad logística, su mayor experiencia en la contratación de suministros de gran volumen y su mayor capacidad presupuestaria para realizar dicha contratación sin demoras. Así, se designó para la primera adquisición al ente público Puertos del Estado, que era el ente adscrito al ministerio que más mascarillas recibía, toda vez que, como saben, Correos y Telégrafos es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. La segunda adquisición se centralizó en ADIF. Estas mascarillas tenían como destinatarios los profesionales del sector del transporte, que tuvieron un papel determinante para el abastecimiento y la entrega de productos adquiridos en el comercio por Internet, telefónico o correspondencia, que tuvo un incremento exponencial a raíz de las medidas de confinamiento que fue preciso establecer para frenar la pandemia. Con la distribución de estas mascarillas el ministerio proporcionó los medios que tenía a su alcance para mitigar o reducir las posibilidades de contagio entre los mismos, es decir, se hizo con la finalidad de proteger su salud, de mitigar el grave peligro en el que se encontraban prestando un servicio esencial.»

Fragmento 3 de 6 de esta intervención.