«En definitiva, señorías, ante la situación en la que nos encontrábamos, considero que estaba más que justificado que el ministerio acordara la adquisición de mascarillas para proteger la salud de los profesionales del sector del transporte; también, que se acordara por el procedimiento de emergencia, tal y como determinaba la ley, y que fuera centralizado en entidades públicas del ministerio -fueron unos procedimientos de contratación de emergencia que se sujetaron a la legalidad, y no lo digo yo, lo dicen el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado, que no han detectado deficiencias graves ni incumplimientos normativos en las auditorías que han realizado los dos organismos sobre la ejecución de estos contratos-, y, finalmente, que se cumpliera con la finalidad de la contratación, que no era otra que distribuir entre los profesionales del sector del transporte las mascarillas. Esta es la información de la que actualmente disponemos, señorías. Una cosa es que un grupo de personas hayan podido tener un comportamiento ilícito y otra bien distinta es que dicho comportamiento haya sido conocido o consentido por alguna de las personas que ahora mismo ostentan responsabilidades en el ministerio que dirijo. Dejemos actuar a la justicia, señorías. Eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con la máxima colaboración y transparencia, pero con el rigor y el respeto a los derechos fundamentales que exige cualquier Estado de derecho. En este país tenemos la suerte de contar con excelentes profesionales públicos que velan por el cumplimiento de las normas y por que el gasto público redunde en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Abrir una especie de causa general dentro de mi departamento cuando no hay ninguna persona en activo que esté siendo ni siquiera investigada no solo sería una irresponsabilidad por mi parte, sino que trasladaría a los ciudadanos una imagen de la Función Pública que no se corresponde con la realidad. En aquellos días pudo haber quien se lucrara de forma indigna en una situación de emergencia sanitaria sin precedentes en nuestra historia reciente, pero también hubo muchos profesionales que se dejaron la piel por tratar de paliar los terribles efectos de la pandemia, y no podemos permitir que se extienda la imagen de los primeros y tape el buen hacer de los segundos. Dejemos que el tiempo y la justicia pongan a cada uno en su lugar. A los tribunales les corresponde depurar las responsabilidades penales y a esta Cámara las responsabilidades políticas que correspondan. Pero eso no significa que yo me vaya a quedar de brazos cruzados.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.