«La mayoría de la ciudadanía en nuestro país tenía miedo, estaba preocupada; unos, salvaban vidas y, otros, ganaban comisiones extraordinarias con mascarillas fake y se lucraban con la salud de la ciudadanía. En las islas Baleares la incidencia de mortandad era la segunda más baja de España y el Govern tomaba medidas como: el Govern interviene la residencia Séniors de Inca, el Govern interviene la residencia de Marratxí, el Govern interviene la residencia de Es Ramal en Menorca. Por el contrario, acabamos de conocer el informe de la comisión ciudadana, presidida por el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, informe muy duro y esclarecedor de lo que se vivió en aquellos días referenciados en el Madrid de las cañas y la libertad, libertad de una presidenta y un Gobierno autonómico para escoger quién vivía y quién moría, según su clase social, edad y estado de salud. (Aplausos). Los mayores de las residencias fueron abandonados por la Comunidad de Madrid que, a través de un protocolo, estableció que los infectados con dependencia física o cognitiva no fueran derivados a los hospitales, por cierto, los que no tenían seguro privado. A cambio, se prometió que las residencias iban a ser medicalizadas. La realidad es que nunca lo fueron y los residentes murieron en esos espacios de manera horrorosa, relató una trabajadora de la comisión.»

Fragmento 3 de 6 de esta intervención.