«Con la venia. Solamente queremos intervenir en este turno para referirnos a la denuncia de la Carta de la Energía, sobre la que nos vamos a abstener, tal y como nos abstuvimos también en la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular a dicha iniciativa de denuncia. No se trata de que pongamos aquí ahora en cuestión los motivos expuestos por el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no son ciertos, porque se dice que uno de los motivos es que la Carta de la Energía favorece las energías fósiles, pero luego, más adelante, se dice que hay un problema con unos laudos que han recaído ya y que son de condena de pago a España de 1000 millones y que pueden llegar a ser hasta de 10 000 por otros que están por recaer en procedimientos en curso. Esto son incoherencias, cosas que no son ciertas, pero no es eso lo que nos preocupa. Y tampoco nos preocupa que, difícilmente, la denuncia vaya a suponer un remedio para la cuestión de los laudos. No entendemos cómo la denuncia del tratado va a impedir la ejecución de los laudos ya recaídos y la ejecución de los laudos por recaer en procedimientos en curso, y ni siquiera de laudos por recaer en futuros procedimientos, toda vez que el artículo 47 del tratado dice que estará en vigor veinte años después de la denuncia. No. Aquí de lo que queremos hablar, principalmente, es de la cuestión de la prima. Es decir, ¿por qué en España, con origen en una decisión política, a partir del año 1997 se decide que se tienen que desarrollar las energías renovables siguiendo directrices de la Unión Europea y por qué eso se hace por el sistema del gasto y no por el de la inversión?»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.