«Como quiera que en aquellos años no era posible desarrollar esta actividad de producción de energía de fuentes renovables de una forma económica porque la infraestructura hubiera impedido la amortización de la inversión en términos de rentabilidad propios de ese sector, se decidió acudir a soportar el coste como gasto, bien con cargo al presupuesto general del Estado o bien, como se hizo también después, con cargo a la repercusión de ese coste en la factura de la luz de los usuarios de la energía eléctrica, que son todos los españoles. Esto es un disparate, porque ha dado lugar a un coste monstruoso en términos de gasto. Los 10 000 millones, esos mencionados por la exposición de motivos del informe, son de risa. Habría que contar todas las primas pagadas a inversores privados por el Estado durante todos estos años -estaríamos hablando, probablemente, de 20 000 o 30 000 millones- y al tiempo, en perfecta transitividad, el enriquecimiento de particulares que han recibido esas cantidades de modo garantizado por el Estado. Esto, verdaderamente, no lo entiende nadie. Si era tan importante desarrollar las energías renovables, lo que se tenía que haber hecho era actuar por la vía de la inversión. Es decir, que se hubiera constituido una empresa nacional de energías renovables y, con arreglo a un criterio de project finance, la inversión hubiera sido recuperada, en cuanto a su financiación y amortización, con la rentabilidad, porque el Estado no tiene por qué ganar dinero en términos equiparables a otros productores en el sector. Eso hubiera permitido también que, una vez amortizada totalmente la inversión, incluso esas empresas, que hasta entonces no habían supuesto ninguna carga para el Estado, hubieran podido ser privatizadas y esa privatización, por lo tanto, hubiera podido permitir una plusvalía patrimonial. Un disparate que han compartido, en una pésima gestión...»

Fragmento 2 de 2 de esta intervención.