«L'any 2023, és a dir, l'any passat, la Generalitat de Catalunya va executar un 86 % de la inversió pressupostada. Sí, això ho va fer el govern de Pere Aragonès. I, per cert, parlant de dades, només un 56 % és la seva execució, l'execució de l'Estat a Catalunya, en el període 2015-2022. I això saben què vol dir? 26 punts menys, 26 punts menys que la mitjana de la Generalitat. Amb tot plegat, vicepresidenta, amb molta atenció per escoltar, què pensa fer davant d'aquesta situació injusta per Catalunya i, sobretot, pels catalans i les catalanes? Gràcies. Muy buenas tardes a todas y a todos, y que les aproveche a quienes vayan ahora a comer. Empiezo esta interpelación al Gobierno con una constatación, si me lo permiten, desde mi punto de vista -y sospecho que no me equivoco-, que es irrefutable: el actual sistema de financiación es una losa para Cataluña, y lo es para las catalanas y los catalanes y también lo es para el tejido productivo de mi país. Y lo es, vicepresidenta, porque el sistema está obsoleto; lo es porque el sistema está caduco; lo es, en definitiva, porque este es un sistema del todo injusto. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Es evidente la necesidad de un cambio en el sistema de financiación actual, tanto el autonómico como el local. De hecho, desde hace años, como decimos en Cataluña... (pronuncia palabras en catalán), hace muchísimos años que el Estado no hace nada para cambiar esta situación. Y hoy queremos volver a dejárselo bien claro: si los españoles queréis mantener este sistema de financiación, hacedlo para vosotros. Nosotros no hemos venido aquí a cambiaros vuestro modelo de financiación; esta no es nuestra vocación. Pero sí hemos venido aquí a defender los intereses de la ciudadanía de Cataluña y, en consecuencia, también hemos venido a reclamar un sistema de financiación justo, en mayúsculas, para nuestro país. Porque Cataluña vive muy por debajo de sus posibilidades, y vive muy por debajo de sus posibilidades por culpa del expolio fiscal que sufrimos, y ustedes lo saben igual que nosotros. Por ello, por ejemplo, se niegan ustedes una y otra vez a publicar las balanzas fiscales, porque la financiación injusta y precaria del Estado hacia Cataluña hipoteca, y mucho, el crecimiento económico y el bienestar social de toda la ciudadanía. Es totalmente imposible, vicepresidenta, por mucho ingenio y esfuerzos que dediquemos a ello, mantener una educación, una sanidad y unos derechos sociales de calidad si no hay dinero para hacerlo. Tengamos presente que Cataluña destina, atención, tres cuartas partes de su presupuesto a políticas sociales, y la falta de financiación significa no poder desarrollar de forma adecuada y óptima estos derechos, no poder contar con un Estado del bienestar como el que merecen los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. El expolio fiscal, sin lugar a dudas, se convierte a día de hoy en un expolio social. Además, este expolio fiscal, un 9 % de nuestro PIB, también hipoteca nuestra capacidad productiva y de generación de riqueza, y esto, de nuevo, perjudica toda la economía catalana y la competitividad empresarial, en general, de nuestro país y, también, la financiación de todas y cada una de las políticas sociales necesarias en Cataluña. Porque, además, este ahogo económico y fiscal de Cataluña por parte de España obliga a ejercer una mayor presión fiscal sobre la propia ciudadanía catalana para poder mantener nuestra competitividad productiva y nuestro bienestar. Evidentemente, para nosotros algo importante es la cohesión social en nuestro país. El modelo de financiación de las comunidades autónomas y los entes locales no es un modelo pactado entre los territorios y el Estado, ni está sujeto a las necesidades de las comunidades autónomas, ni de los municipios. Es un modelo de financiación impuesto de forma vertical y que hace bueno un dicho castellano: quien parte y reparte se queda siempre -yo meto el siempre- la mejor parte. No en vano, el incremento de recursos de los últimos años por los ingresos generados en los distintos territorios y por los fondos europeos, todo ello, ha ido a parar mayoritariamente al Estado, que ha incrementado sus recursos más del doble que las comunidades autónomas y más del triple que las corporaciones locales. Es decir, a pesar de que hace años que la necesidad de mejorar la financiación autonómica y local es evidente, cuando hay recursos para hacerlo se los ha quedado el Estado y no las comunidades autónomas ni tampoco los ayuntamientos para afrontar sus obligaciones, que son muchísimas y múltiples, y además van directas, inyectadas en vena, por así decirlo, a los ciudadanos, o también las obligaciones económicas financieras y sociales de nuestros conciudadanos. O lo que es todavía peor, más allá de ello, el Estado se queda con todo el margen de déficit y así nos impide una política de endeudamiento para afrontar las crisis sin recortes sociales. En definitiva, el Estado practica un descarado desequilibrio vertical en el que la sobrefinanciación del Estado significa una infrafinanciación totalmente crónica de las comunidades autónomas para, así, afrontar las competencias que tenemos.»

Fragmento 8 de 11 de esta intervención.