«La exigencia actual de instrumentar una protección transversal de las situaciones de necesidad social hace necesaria la actuación e implicación compartida entre las diferentes administraciones públicas para garantizar el derecho a la protección social pública. El desafío está en propiciar la complementariedad y la no duplicidad, en fomentar la coordinación y la no confrontación. La propia fijación de unos perfiles claros acerca de lo que es la Seguridad Social constituye una tarea que requiere, señoría, esfuerzos compartidos, concurrentes y continuados. Así ocurrió, por ejemplo, con la práctica autonómica de complementar las prestaciones económicas no contributivas reconocidas por el Estado, que provocó la intervención del Tribunal Constitucional en no pocas ocasiones, y el reconocimiento de que el Estado tenía ciertas competencias en materia de asistencia social, o con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, disposición estatal que se justifica en el establecimiento de un nivel básico y común de protección social para el conjunto de ciudadanos españoles. Como sabemos, el Alto Tribunal no estableció inicialmente una clara diferenciación entre asistencia social interna, que es la relativa al ámbito de la Seguridad Social y que debe ser articulada por el Estado, y la asistencia social externa, que es la que corresponde a las comunidades autónomas.»

Fragmento 2 de 9 de esta intervención.