«La heterogeneidad de las rentas mínimas en España se ha fundamentado en la diversidad territorial debido a que su desarrollo normativo y su financiación han dependido de cada una de las comunidades autónomas. El 2 de marzo de 2018 el Consejo de Ministros aprobó encargar a la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la realización de un análisis sobre prestaciones de ingresos mínimos. Entre otros elementos, el estudio señalaba que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, España no contaba con una prestación que cubriera el riesgo general de pobreza. Asimismo, ponía de relieve que el sistema de ingresos mínimos en España está fraccionado y presenta disparidades territoriales, y, con carácter general, las cuantías son bajas y tienen poca cobertura. La situación de pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por la COVID confirmaron la necesidad de poner en marcha un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional, el cual se consiguió mediante la aprobación en 2020 del ingreso mínimo vital. Es un ingreso permanente, un derecho de carácter subjetivo que, además, viene a corregir limitaciones del sistema no contributivo, aumentando la cobertura de las familias que pueden ser susceptibles de protección, y ello ha supuesto un proceso de adaptación de las normas autonómicas con relación al ingreso mínimo vital.»

Fragmento 4 de 9 de esta intervención.