«Le he escuchado, señora Valido, que con su intervención lo que pretende es mejorar las situaciones de vulnerabilidad que existen en Canarias. No obstante, considero primordial dar pasos contundentes para superar también las carencias de gestión en prestaciones no contributivas que realiza en este caso el Gobierno de su comunidad. Sin pretender dar ninguna lección pero también poniendo de manifiesto los últimos datos oficiales publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el Imserso, tengo que decirle que hay un grave problema en la resolución de expedientes en Canarias. No puede seguir ocurriendo que entre la solicitud de una prestación no contributiva de jubilación y la resolución de esta transcurra casi un año, 363 días, o que sean necesarios más de trece meses, 403 días, en el caso de una prestación no contributiva de invalidez. No hay ninguna otra región en España que retrase tanto la resolución de expedientes. Se lo digo porque la media de España es de tres meses para las jubilaciones y de cinco meses para las pensiones de invalidez. Además, el coeficiente de reconocimiento está en un 54 % para las primeras y en un 39 % para las segundas, 20 puntos por debajo de la media nacional. Y pongo especial énfasis en el perfil tipo del beneficiario de las prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad porque hay un predominio de mujeres sobre los hombres en un porcentaje de más del 68 %. Respecto a esta mujer tipo -permítame la expresión- que tiene una discapacidad física, su edad supera los ochenta años y convive preferentemente integrada en una unidad familiar, de la que depende económicamente. Las personas vulnerables, señoría, necesitan protección, pero también agilidad. Es consustancial a la naturaleza de la prestación que se transmite con celeridad, porque, de lo contrario, perderemos eficacia.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.