«Per això, per tot això, avui demanem amb tota la humilitat del món, també al Partit Socialista, que assumeixi responsabilitats i que actuï, que actuï de forma immediata. I demanem també a la resta de grups parlamentaris, a la resta de grups d'aquesta cambra, tal i com s'han manifestat en diverses ocasions a principi de legislatura, perquè han estat desenes i desenes les iniciatives que s'han portat en aquesta cambra en defensa d'aquest sector, avui, ens veiem amb cor i amb tota la humilitat de demanar a tots els grups parlamentaris que donin suport, i que tots plegats, perquè això no és la foto de ningú, és la foto de tots plegats, ens fem dignes, sobretot, dignes de les expectatives i de les exigències de la nostra pagesia. Perquè, senyores i senyors diputats, el camp, avui, no pot esperar més. Moltes gràcies. Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. Gracias, señora presidenta. La proposición de ley que hoy llevamos a debate es una oportunidad de oro desde nuestro punto de vista. Una oportunidad extraordinaria para dar respuesta a las reivindicaciones del sector primario, que desde hace meses reclama esas exigencias y reivindicaciones al Gobierno del Estado. Son unas reivindicaciones que tienen su origen en la injusticia, una injusticia que sufren los agricultores, que se ven obligados a vender sus productos por debajo del precio de producción, es decir, están obligados a vender a pérdidas. Nuestra propuesta es una propuesta sensata; proviene de las organizaciones agrícolas y contiene la fórmula que el campo ha diseñado directamente, en primera persona, con conocimiento pleno de la realidad y con el objetivo de revertir las prácticas abusivas que hoy, por desgracia, sufren. Y no es la primera vez que proponemos los mecanismos adecuados para garantizar que los operadores de la cadena alimentaria, particularmente los pequeños productores, los agricultores, dejen de sufrir esta situación extremadamente injustificable, insostenible y, evidentemente, injusta. Nosotros ya en el año 2021 nos opusimos a la reforma de la ley de la cadena alimentaria ejecutada por el Gobierno y lo hicimos porque no se cubrieron las expectativas; simplemente, no se aceptaron nuestras propuestas, que -y hay que decirlo- eran las propuestas de los agricultores. Aquella reforma fue únicamente un cortafuegos, un cortafuegos ante las manifestaciones de los sectores agroalimentarios, unas propuestas producidas antes -lo recordarán- del confinamiento de 2020. Fueron un parche, pero en ningún caso una solución real y menos una solución efectiva. Las limitaciones de aquella ley pusieron de manifiesto la falta de valentía del Ministerio de Agricultura y su supeditación a los intereses, una vez más, de la gran industria, una vez más, de la gran distribución. Ya lo dijimos y así ha sido, lo hemos constatado nosotros y también lo ha podido confirmar el tiempo. A fecha de hoy, la ley, por lo tanto, no es clara, ni tan solo en sus objetivos, y las pocas medidas que incluye a duras penas se han llegado a aplicar por culpa, entre otras cosas, de la burocracia y la complejidad innecesaria que la rodea. Por lo tanto, ante una ley que consideramos poco útil, solo era cuestión de tiempo que los trabajadores y las trabajadoras del campo volvieran de nuevo a salir a la calle. Y ahora que lo han hecho, permítanme decir que esta Cámara tiene la obligación de reaccionar y de no volver a equivocarse.»

Fragmento 8 de 14 de esta intervención.