«Ante la inacción del Gobierno español, nosotros tomamos la iniciativa. Estamos aquí también para ofrecer soluciones y lo hacemos a través de esta proposición de ley, que, para empezar, da a las cooperativas y a las entidades asociativas la cuota de poder que se merecen y garantiza que los costes de todos y cada uno de los pequeños productores se reflejen en los precios que ofrecen estas entidades, como tiene que ser. También proponemos que se aligere la carga administrativa de los operadores de la cadena. En concreto, creemos que hay que eliminar la obligación de registro inmediato en los contratos alimentarios. Estamos de acuerdo en que hay que transformar y modernizar el sector primario -ya lo hemos dicho-, y se está haciendo, pero no podemos imponer obligaciones ignorando la realidad de nuestros productores, porque al final lo que hacemos es asfixiarles sin prestar oídos a su criterio. No se pueden crear -lo hemos dicho muchísimas veces- y acumular nuevas obligaciones de espalda a aquellos que las tienen que cumplir. Y hay algo que es lo más importante: atacamos directamente la raíz del problema, abordando de forma valiente la prohibición de la venta a pérdidas, y lo hacemos incluyendo tanto los costes fijos como los variables en la comercialización de los alimentos. Vulnerar esta realidad pasará a ser considerado como una infracción grave. Y lo que es más importante: proponemos establecer un umbral del 8 % de la cuota de mercado de las empresas de la cadena alimentaria a partir del cual serían consideradas, a efectos legales, como una empresa en posición dominante de mercado. Esta medida nos servirá para actuar de forma efectiva contra aquellos que realicen estas prácticas que se consideran totalmente abusivas.»

Fragmento 9 de 14 de esta intervención.