«Es necesario, por lo tanto, señoras y señores diputados, ser firmes con aquellos que abusan de su poder. No podemos dejar que sea la voluntad de las grandes empresas agroalimentarias y de los grandes supermercados la que marque las reglas del juego en perjuicio de los de siempre y los más importantes son el primer eslabón de la cadena, al fin y al cabo, son nuestros agricultores. Hay que garantizar la continuidad de las explotaciones agrarias; son las empresas de base familiar aquellas que nos conservan el territorio. Tenemos que posibilitar el relevo generacional en el campo y esto pasa, evidentemente, también por la viabilidad económica de una labor que es imprescindible desde muchos puntos de vista, pero permítanme decir también que lo es primordialmente para la vida. Y tenemos que reforzar las estructuras de comercialización. Es nuestra obligación, es nuestro cometido, el objetivo que tiene que guiar todas nuestras actuaciones. Precisamente por este motivo, porque las administraciones tienen que ser aliadas del sector primario y también aliadas de la ciudadanía, proponemos un mecanismo de definición de estándares de costes de producción. Esta es una de las claves de esta proposición de ley. Será un mecanismo clave para empoderar a nuestros agricultores en el momento en que formalicen sus contratos, ya que este estándar será una referencia para determinar lo que es justo, y será el punto de partida también de todas las negociaciones. Hay que legislar para equilibrar unas relaciones de poder que en este momento son - repito- muy, muy injustas y desiguales.»

Fragmento 10 de 14 de esta intervención.