«Quiero recordarles que la principal aportación, la ley integral contra la violencia de género de 2004, aquella que se recurrió al Tribunal Constitucional y que tantas vidas ha protegido, fue una reforma del Código Penal. Les recuerdo también que la ley que protege a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo y que son acosadas en las puertas de las clínicas, es también una reforma del Código Penal. Rechazar el derecho penal es renunciar a elevar la violencia contra las mujeres a la categoría de delito. Señorías, un derecho penal garantista, ponderado y equilibrado es imprescindible para cualquier ordenamiento jurídico protector en democracia. En cualquier caso, les adelanto ya que me siento profundamente orgullosa de que mi grupo sea profundamente punitivista contra los que pagan por sexo, contra los proxenetas y contra los que alquilan locales para permitir esta práctica. (Aplausos). Señorías, permítanme que les diga que no puedo entender que algunos de ustedes necesiten disipar dudas en torno a esta cuestión. Sé que algunos de los grupos parlamentarios pedirán una comisión de estudio o algo similar. Por eso debo recordarles que este debate impregna los frescos de esta Cámara desde que en 1932 la diputada Campoamor pidiera la abolición de la prostitución desde esta misma tribuna. Más recientemente lo hemos abordado en una ponencia de estudio en 2006, a través de una subcomisión en 2015, mediante una propuesta presentada por el PSOE en 2019 y en las comparecencias de expertos en el seno de la ley de libertad sexual en 2021. Argumenten lo que consideren justo, señorías, pero no digan que no hemos hablado suficiente de esta cuestión. (Aplausos).»

Fragmento 6 de 8 de esta intervención.