«Una regulación que llevará a las prostitutas que no forman parte del proxenetismo coercitivo a poner en riesgo su integridad física no es una buena regulación. Una regulación que las empuja a ejercer en su entorno familiar o vecinal, profundizando en su estigmatización, no es una buena regulación. Además, dependerán todavía más de las mafias de explotación sexual. Cuando se legisla hay que analizar muy muy bien qué consecuencias pueden tener los cambios propuestos. En la Comisión de Igualdad ya hemos tenido otros ejemplos de efectos indeseados en el pasado, como la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que, como seguro recordará todo este hemiciclo, supuso la rebaja de centenares de condenas por agresión sexual, una ley que salió del Ministerio de Unidas Podemos y de Justicia del PSOE. Además, como también dijimos hace ahora dos años, ¿qué ha pasado con el consentimiento? Hablan de libertad sexual, defienden que solo sí es sí, salvo cuando una mujer adulta de forma voluntaria escoge ejercer la prostitución, entonces, su consentimiento no es válido. Aquí, desde el Grupo Socialista, hemos oído que la prostitución es una violación previo pago. Entonces, nos preguntamos cómo es que el feminismo socialista no ha propuesto un cambio en el Código Penal para incluir la prostitución voluntaria y, por lo tanto, consentida en el delito de violación. Ya se lo digo yo: porque jurídicamente no se sostiene.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.