«Creo que vale la pena mencionar otros datos que apoyan la orientación social de estos presupuestos. En concreto, en lo relativo a las partidas de gasto social, el volumen de recursos aumentó un 70 %. El gasto en política sanitaria aumentó un 75,4 % para afrontar los últimos meses de la pandemia y para intentar transitar a un modelo de sanidad pública de calidad, revirtiendo los recortes sufridos en el pasado. El gasto en atención a la dependencia se incrementó un 46 % para reforzar el servicio y aumentar el número de beneficiarios. La política de vivienda aumentó un 25 % con el objetivo de revertir el recorte presupuestario en algunas partidas, como el gasto en protección social en vivienda, que entre 2007 y 2017 se redujo en un 39 %. Estos presupuestos generales del Estado recogen finalmente una revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, en línea con lo acordado en el seno del Pacto de Toledo. El IPREM aumentó un 5 %. Y respecto a la lucha contra la pobreza infantil, los presupuestos generales de 2021 recogieron un incremento de los recursos de un 59 %. Todos estos datos evidencian la apuesta expansiva de estos presupuestos, si bien deben ir acompañados de una base fiscal suficientemente sólida que asegure ingresos suficientes para financiarlos y un reparto justo y progresivo de la carga fiscal. Por ello, se ha ido avanzando en una reforma fiscal, si bien, en nuestra opinión -la opinión de mi grupo parlamentario- este avance es demasiado tímido; necesitamos esa reforma fiscal que pueda reducir nuestras diferencias en términos de capacidad de recaudación y progresividad con los países de nuestro entorno. (Aplausos).»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.