«Con la venia. Esta proposición de ley pretende que se añada un apartado sexto al artículo 6 de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado en vigor, con el fin de que el presidente del Gobierno informe antes a las Cortes Generales de las posturas que piensa adoptar en las sesiones del Consejo Europeo. Es cierto que, como afirma el PP, autor esta iniciativa, en los últimos cinco años el presidente del Gobierno viene adoptando decisiones unilateralmente en materia de política exterior cuyo contenido es contrario a los intereses nacionales. Son por todos conocidas y, por lo tanto, no me voy a extender sobre ellas. Esta primera reforma postulada es, por lo tanto, relativa a la Unión Europea y a la participación de España en la toma de decisiones por el Consejo Europeo. Lo que pretende el PP es claramente insuficiente ante el impulso federalizante enloquecido que se advierte en dicho Consejo, al que se suma sin criterio el Gobierno de Sánchez y al que se suma también de ordinario, con raras excepciones, el Partido Popular. Digo esto porque es muy reciente el informe aprobado por el Parlamento Europeo el 22 de noviembre de 2023, el llamado informe Verhofstadt, en el que se postula que los jefes de Estado y de Gobierno a través del Consejo Europeo convoquen una convención europea para revisar los tratados al efecto -se dice- principalmente de otorgar más poder al Parlamento Europeo en materia de medioambiente y biodiversidad, así como para que sean competencias compartidas las emergencias sanitarias, transfronterizas, la salud, los derechos de naturaleza sexual y de reproducción, la protección civil, la industria y la educación -hasta ahora competencias exclusivas de los Estados miembros-, así como -con un lenguaje un poco críptico o hermético- que se desarrollen las competencias compartidas en materia de energía, política exterior, seguridad, defensa, fronteras exteriores e infraestructuras transfronterizas. Todo ello en línea con el indeseable avance representado por el Tratado de Lisboa. Es cierto que ese informe no contó con la aprobación de muchos eurodiputados españoles del Partido Popular, otros se abstuvieron -entre ellos, la cabeza de lista de las próximas elecciones europeas, la señora Montserrat-, pero también es cierto que no pocos eurodiputados del Partido Popular Europeo fueron los que hicieron posible la aprobación de dicho informe en esa cámara.»

Fragmento 1 de 5 de esta intervención.