«Decía que es obvio que la derecha solo acepta la democracia cuando gobierna y, en caso contrario, la destruye o somete a sus intereses. Dos mil días ya de secuestro del Poder Judicial es lo nunca visto en un país democrático. ¡Y claro que existen cloacas del Estado vinculadas a redes de corrupción! Con medios del Estado se han falseado informes sobre financiación de partidos de izquierdas, mientras se destruían pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular, e intoxican con noticias falsas que, por cierto, nunca son desmentidas. ¡Y claro que la derecha utiliza los tribunales para destruir a sus adversarios! El acoso sostenido desde los órganos judiciales a cargos públicos de Izquierda Unida, de Podemos, de los Comunes, de Compromís es innegable. El acoso judicial ahora a Begoña Gómez prueba que el PSOE también ha padecido estas prácticas; investigaciones que nunca llegan a juicio, que buscan el desgaste político, que utilizan a medios de comunicación para difundir injuriosamente cada resolución judicial o cada diligencia antes de que se notifiquen a los acosados, que no a los acusados. Doble rasero en la aplicación de la jurisprudencia, según adscripción política. Por ejemplo, en la querella de la pareja de Ayuso contra la Fiscalía o la querella contra Begoña Gómez, redactada con dudosos titulares periodísticos. Y previamente se inadmitió la de Izquierda Unida contra los muchos fraudes del emérito, aunque, en este caso, incluso había una investigación de la Fiscalía. Jueces convocando manifestaciones contra leyes en tramitación. Mientras el Consejo General del Poder Judicial interfiere en la actuación del Legislativo mediante informe sobre leyes emitido sin tener competencia para hacerlo. En lugar de rebelarse ante el secuestro de la justicia por las derechas, el Consejo del Poder Judicial ataca la independencia y la neutralidad de los jueces mediante presiones, una actuación prohibida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Presiones para que presenten cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una ley de amnistía que, por cierto, ha sido validada por el resultado de las elecciones catalanas. Es una vergüenza. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto sus medios a disposición de la denominada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial para que más de cinco mil jueces y juezas sean coaccionados a través de correos enviados a sus direcciones oficiales; una injerencia para boicotear la aplicación de leyes válidamente aprobadas. (Aplausos). Llámenlo como quieran: desobediencia, politización, prevaricación, lawfare. Es injustificable en todo caso. Una imagen de la justicia politizada que provoca cada vez más rechazo social.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.