«Por tanto, la situación actual es la de una autopista sujeta a un contrato concesional con una duración total de setenta y cinco años y a unas tarifas establecidas que deben cumplirse. Se trata de un caso que ejemplifica lo que ha acabado ocurriendo en España al cabo de los años con la red de carreteras de gran capacidad. Lo que en el pasado suponía una ventaja competitiva, a medida que se ha ido completando la red libre de peaje, se ha convertido en una carga que produce una sensación de agravio y de desigualdad, plenamente justificados, y que, en algunos casos, se ha visto prolongada por decisiones como las adoptadas por el Gobierno del Partido Popular que acabo de explicar. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Esta situación de desequilibrio territorial por la existencia de zonas en España en las que los ciudadanos tienen que pagar peajes frente a otras en las que la circulación por la red es gratuita es la que está tratando de corregir el Gobierno de España. Con el objeto de iniciar las bases de un modelo de red equilibrado y justo para todos los ciudadanos y todos los territorios, hemos adoptado las siguientes decisiones. En primer lugar, la liberación de peajes de las autopistas que finalizan su concesión, como señalaba antes, siendo el primer Gobierno que no prorroga los peajes al fin de su concesión. Desde que llegamos al Gobierno, cuatro de cada diez kilómetros de autopistas del Estado que nos encontramos como autopistas de pago han pasado a ser gratuitas, cuatro de cada diez. Hasta 2018 se habían aprobado treinta y tres decretos de prórroga con los que se han prorrogado los plazos, de media, en veinticuatro años más que los inicialmente previstos. Treinta y tres decretos de prórroga con los que se han prorrogado los plazos. Escuchaba por ahí a una diputada del Partido Popular que hay que cambiar de opinión, es que quieren ustedes cambiar de opinión treinta y tres veces sobre el mismo asunto, a mí me parece un poco excesivo, pero, en fin. Destacan las prórrogas de veinticinco años para la AP-9 y de veintinueve para la AP-66 en el año 2000, veintinueve años. De este modo, se concluye la tendencia de las prórrogas sistémicas para alcanzar un modelo de financiación viaria más equilibrado territorialmente. Adicionalmente, hemos procedido a la rebaja de tarifas de las autopistas que gestiona Seitsa en un 30 %; es decir, las que gestionamos nosotros desde el Estado serán, directamente, un 30 % más baratas y estableceremos la gratuidad en el periodo nocturno. Y hemos impulsado la aplicación de bonificaciones a vehículos ligeros y pesados en determinados tramos de autopistas, como la AP-9 y la AP-66, para mejorar su funcionalidad y compensar a los usuarios recurrentes. Estas actuaciones están contribuyendo a reducir los desequilibrios territoriales y a reducir las desigualdades generadas por el hecho de que hay ciudadanos en nuestro país que durante muchos años han pagado, o no, por la utilización de las infraestructuras viarias en función de su residencia, trabajo y lugar de origen. Estamos hablando de unas medidas que en total suponen un ahorro anual estimado para los ciudadanos de 1400 millones de euros; repito, 1400 millones de euros de ahorro para los ciudadanos desde que estamos en el Gobierno.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.