«Como digo, esta es una autopista de la red principal de las carreteras del Estado, que fue concesionada a una empresa, Audasa, actualmente Itínere. Es cierto que está participada por fondos de inversión extranjeros, que lo que quieren, evidentemente, es rentabilizar sus ingresos al mayor nivel y, por lo tanto, pretenden aprovecharse de una autopista que pagamos con el dinero de todos los españoles y que ahora ellos pretenden rentabilizar. Pero ¿por qué? Pues precisamente por ese apaño que se hizo de alargar esa concesión, que había de acabar en el año 2023, hasta el año 2048 por un Gobierno presidido por el presidente Aznar. ¿Y qué ha pasado? Que, además, esa concesión se hizo contraviniendo las normas del concurso público y hoy está bajo investigación de la Comisión de Bruselas. En este momento, si esa concesión es declarada ilegal por una mala gestión, ya que hay abierto un expediente informativo, el resultado será que todos los españoles tendremos que pagar una indemnización a la concesionaria de más de 1000 millones de euros; 1000 millones de euros cuando estamos hablando de una empresa, la empresa Itínere, que tiene actualmente un valor de 1300 millones de euros. Casi les vamos a pagar la empresa.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.