«Le paso a enumerar algunas de las reivindicaciones. En primer lugar, el Gobierno debe dotarse de herramientas políticas, jurídicas y económicas para revertir los impactos que deja el turismo sobre el conjunto de territorios que articulan el Estado. En segundo lugar, el Gobierno debe garantizar que el derecho a la vivienda que tiene la ciudadanía de nuestra tierra no se vea afectado, como está sucediendo actualmente, por la turistificación y los movimientos especulativos que la acompañan. El Consejo de Ministros debe tomar la iniciativa. Deben hacer algo; por ejemplo, prohibir la compra de viviendas a no residentes. Es algo sobre lo que fue mi fuerza política, Podemos, fue la primera en hablar, pero que en Canarias ya se está convirtiendo en un consenso. Hasta el propio presidente del Gobierno de Canarias, el señor Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, también habla de la excepción insular, de que en zonas especialmente tensionadas y donde difícilmente la población pueda acceder a una vivienda en unas condiciones económicas aceptables con los salarios que tengan se pueda restringir la compra de vivienda, sobre todo a los fondos buitre y a las explotadoras turísticas extranjeras de las que le hablaba antes, que son las que mayoritariamente adquieren estas vivienda. Cuando nosotras proponemos esto, lo hacemos con seriedad y rigor. Hemos encargado un estudio al Observatorio de Derechos Sociales y Justicia Ecológica, en el que se apunta que esta medida puede impulsarse porque se dan todas las condiciones en Canarias para que la Unión Europea nos pueda dar el okey, nos pueda dar el visto bueno a que una medida como esta salga adelante.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.