«Por tanto, sí; sí a permisos de trabajo en tiempo y forma, a todos aquellos que, cumpliendo los requisitos contemplados en la ley, quieren y pueden trabajar en nuestro país, para que puedan valerse por sí mismos y dejen de depender de las entidades sociales y religiosas. Y esta migración regular, que quiere formar parte del proyecto europeo, ha de adquirir un compromiso de adhesión y respeto a los valores de la Unión. Las personas extranjeras en España siempre han sido bienvenidas para trabajar y aportar al tejido socioeconómico y cultural del país, pero no aquellos que tienen causas judiciales abiertas, aunque sea por delitos menos graves, señorías. Por ello, incluiremos una enmienda a esta ley, para que no puedan acogerse a este proceso aquellas personas extranjeras que cometan delitos, sean reincidentes o tengan orden de expulsión. (Aplausos). También promoveremos, a través de una modificación de la directiva de residentes de larga duración, la expulsión de aquellos que, aun estando en situación administrativa regular en cualquier país de la Unión Europea, sean expulsados cuando hayan sido condenados a penas de cárcel. Apoyaremos agilizar y dar cumplimiento a los expedientes de retorno de los inmigrantes, porque, hoy, el ministerio de Marlaska solo hace efectivas el 5 % de las expulsiones. Y reforzar nuestras fronteras, dotando de medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el papel de Europol; también, impulsando el nuevo sistema europeo de registro de entrada y de salida, la inspección fronteriza, los visados europeos y las verificaciones.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.