«El hecho de que este Gobierno se haya acostumbrado a legislar por decreto ha llegado al punto de que, en la redacción de nuestras leyes, un lenguaje que debería ser jurídico, tenga ya un carácter más cercano al lenguaje administrativo. Por tanto, el título de la ley y las numerosas menciones en el texto son incorrectas. En la definición de las competencias se señala entre las funciones de la nueva oficina: revocar la autorización para la constitución de entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Se dice así en el texto. La potestad administrativa que tiene el ministerio en este campo no es la de autorizar la constitución de una sociedad -esa potestad administrativa no la tiene el ministerio, por tanto, no la puede delegar, es algo que no le atañe-, sino darle la autorización, una vez constituida, para poder ejercer los derechos de gestión colectiva obligatoria y el derecho a autorizar la distribución por cable. Como usted comprenderá, si en un texto muestran desconocimiento de las funciones que debe desempeñar el órgano administrativo que quieren crear, ¿cómo creen que va a tener un diseño mínimamente sensato? O sea, es imposible.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.