«Por otro lado, las sociedades de gestión también reclaman que aquellas sociedades extranjeras que desempeñen estas funciones en España sean fiscalizadas como ellas mismas, si intervienen en el mercado español. Y esto ni siquiera lo han contemplado ustedes, ni siquiera lo contemplan. En el cortísimo tiempo que se concedió para hacer alegaciones a esta ley en la pasada legislatura, como denunció en su informe un prestigioso bufete de abogados, se planteó por parte de CEDRO que, al menos, esta oficina se ocupara de que las administraciones públicas cumplieran las leyes de propiedad intelectual, pagaran las licencias y adoptaran las buenas prácticas que la Administración exige a las empresas privadas y que la Administración misma no está cumpliendo. Esta oficina habría podido asumir esa labor ante la Administración pública, pero el ministerio lo desestimó. El ministerio desestimó lo que podía haber sido la labor más importante de esta oficina. Es gravísimo que en España la Administración exija a particulares y empresas privadas un grado de cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual que los organismos y la propia Administración ni contemplan. (Aplausos). La pomposa e incorrectamente denominada Oficina Española de Derechos de Autor no va a servir para defender a los titulares de derechos de propiedad intelectual de los abusos de la propia Administración. Creo que esto es gravísimo. El hecho de que nosotros no estemos defendiendo los derechos de los administrados frente a los abusos de la propia Administración es algo que invalida de entrada ya este proyecto. La función de supervisión sobre las entidades de gestión de derechos de autor ha sido, hasta la fecha, un aspecto al que no le ha dedicado ninguna atención ni este Gobierno ni ninguno de los anteriores, llegando al punto de haber denuncias en juzgados por alterar elecciones, por corrupción y no se ha realizado intervención alguna. La tramitación de la aplicación de la directiva europea de derechos de autor en el espacio único digital, que evidentemente es la que ha señalado la modificación del título de la oficina, fue una buena muestra del abandono que iban a sufrir los autores y editores españoles, que se encontraron en un marco opaco en el que las grandes plataformas se veían con gran ventaja a la hora de negociar con ellos. Las salidas y entradas de altos cargos socialistas hacia las empresas tecnológicas evidenciaban las prioridades de este Gobierno. Por otro lado, el grupo de izquierdas al que pertenece el actual ministro de Cultura, el señor Urtasun, siempre se ha aliado con grupos particularmente contrarios a los derechos de propiedad intelectual en el Parlamento Europeo, con lo cual, no podemos esperar grandes cosas de su intervención, aunque debo decir que no han tocado prácticamente una coma del proyecto que dejó su predecesor.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.