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29N · faltan 25 días

Enrique SantiagoSumar

Diputado

«Quiero manifestar nuestro cariño por Nuria López, por su familia y sus allegados, la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric, asesinada el 13 de marzo por un interno que, a continuación, se suicidó, que no estaba tampoco muy bien. Esta mujer era personal laboral, y esto ha sido un hecho lamentable que no tenía que haber ocurrido nunca, absolutamente excepcional e imprevisible, pero que no se habría evitado aunque el pasado mes de marzo los funcionarios hubieran ya tenido el reconocimiento de agentes de la autoridad. En la práctica, ese reconocimiento no va a suponer un cambio que mejore la protección de los funcionarios. Hoy, prácticamente en la totalidad de los casos que se juzgan por agresiones cometidas por internos respecto a funcionarios los jueces vienen reconociendo el carácter de autoridad de las víctimas. Yo sugiero que, si esta PL se aprueba, se incluyan en su tramitación propuestas que solucionen los graves problemas que tienen las cárceles, como la falta de medios especializados para abordar el tratamiento de los internos e internas con necesidades especiales, porque esto afecta tanto a la población reclusa como a los funcionarios y personal de las prisiones. Si no se da el debido tratamiento a los internos, eso acaba repercutiendo en las condiciones de trabajo del personal. Hay deficiencias de los servicios sanitarios y de salud; falta de personal médico, de enfermería; mala remuneración del desempeño profesional; falta de medios técnicos para atender a los internos, y la preocupante ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. ¿Saben ustedes que un médico o una médica que tiene que atender a un interno no puede acceder al expediente sanitario de ese interno en los sistemas de atención pública? Es así, salvo en las comunidades autónomas de Navarra, la Comunidad Autónoma vasca y Cataluña, las únicas que han abordado este problema con seriedad incorporando los servicios sanitarios y de salud a los correspondientes servicios públicos de esas comunidades autónomas.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.

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