«Muchas gracias. Quisiera comenzar saludando a los representantes de las diferentes asociaciones de trabajadores de las prisiones de España y, también, dedicando estas primeras palabras a Nuria López, asesinada vilmente a puñaladas en la prisión de Mas d'Enric; una trabajadora del servicio de cocina que sufrió, de manera despiadada, la grave situación de seguridad que se vive contra los funcionarios y personal laboral de nuestros centros penitenciarios. (Aplausos). El personal que trabaja en las instituciones penitenciarias, funcionarios y trabajadores, vienen sufriendo durante décadas una situación inaceptable en cuanto a las amenazas, las agresiones, los intentos de homicidio, el riesgo permanente de contagio de enfermedades, con una asunción de riesgos inaceptable, y todo ello, además, con una plantilla insuficiente. Recordemos que de cada tres bajas que se producen en un centro penitenciario solo una es cubierta. Esto nos lleva a que esos más de 20 000 trabajadores de los centros penitenciarios no dan abasto, y se producen situaciones como la de que dos funcionarios tienen que atender nada menos que a 140 reclusos, muchos de ellos calificados de alta peligrosidad. A eso hay que sumar una plantilla muy envejecida, recordemos que un 75 % de esa plantilla tiene más de 40 años, y de ese 75, un 40 % más de 50 años. A esto hay que añadir unos salarios injustos y precarios, y más si lo comparamos con trabajadores de Instituciones Penitenciarias que dependen, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la Generalidad de Cataluña, además de la ausencia permanente de medios materiales y humanos, de medios de protección personal. Estamos hablando de aquellos que representan el último bastión de la justicia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detienen, los jueces juzgan y los funcionarios y los trabajadores de prisiones tienen la obligación de custodiar, de vigilar y de acompañar a esos internos. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.