«Por esa consideración de su valor universal solo grupos bárbaros atacaban y destruían lugares de culto de valor histórico, como los budas de Bamiyán, destruidos por los talibán en el año 2001, o como los templos de Palmira, en Siria, destruidos por DAESH, por Al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa alSham, en 2015. Sin embargo, desde hace unos años nos encontramos con grupos procedentes de la extrema izquierda que tanto en Europa como en Estados Unidos se dedican a la destrucción y al ataque del patrimonio histórico: estatuas de figuras que a su parecer son racistas o colonialistas, ya sean relacionadas con la herencia española en Estados Unidos -como las estatuas de la reina Isabel la Católica, semejantes a la que tenemos aquí, o estatuas de Fray Junípero Serra- o con la propia historia de Estados Unidos -como ha supuesto la retirada de monumentos de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, o del general Lee-, además de cuadros y edificios de valor histórico-artístico indiscutible. La abolición de referentes comunes a un país o civilización se producen por el rechazo de estos grupos, rasgo que caracteriza a los fanáticos. Dentro de esa carrera siniestra por destruir el patrimonio de la humanidad, pudimos ver hace ya año y medio a activistas de extrema izquierda que se dedicaban a arrojar restos orgánicos, sopa de tomate o cola y pegarse a estatuas o edificios para llamar la atención sobre causas muy diversas; una de ellas, la más frecuente -como se ha recordado aquí-, es la del activismo climático. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Comenzó este maremoto de estupidez en países anglosajones -en Estados Unidos e Inglaterra-, llegó a Francia y Holanda, y en menor medida, pero también, llegó a España. Con el aviso de que esto también se iba a producir aquí, pudimos ver cómo las direcciones del Prado, del Thyssen y del Reina Sofía pidieron la presencia de la Policía Nacional en las salas para proteger los cuadros de estos museos sagrados. Estos policías ya custodiaban desde mucho tiempo atrás el perímetro de estos edificios. Así, quedó de manifiesto la necesidad de dotar de la condición de agentes de la autoridad a los guardias que custodian nuestro patrimonio. Consideramos que debería llevarse a cabo esta modificación legal, pero no en una enmienda a la Ley de Patrimonio de 1985, sino a la de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, y presentamos una PNL en ese sentido, hace ya varios meses, en el Congreso de los Diputados.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.