«Previamente se habían producido algunos hechos relevantes que hasta el más ingenuo no tendría dudas en atribuir a la información incautada, información que, como confesó la propia ministra de Defensa, no afectaba a la seguridad del Estado -no había información reservada o clasificada en esos teléfonos-, sino a la seguridad personal de los titulares de estos. Es decir, señorías, el Gobierno autor de la infección -según sospechan Francia y el propio Parlamento Europeo, pero que el Gobierno ampara entorpeciendo la acción del juez Calama- no poseía información capaz de chantajear al Estado, pero sí a los titulares de los teléfonos, y eso justifica lo que sucedió. Al mes siguiente de la intromisión, el 10 de julio, y tras solicitarlo Marruecos, la ministra Laya es destituida. Lo más grave ocurre en marzo del año siguiente. Sin conocimiento del Consejo de Ministros ni comunicación previa o explicación al Parlamento, contraviniendo el programa electoral del Partido Socialista y sin que en el firmante constaran opiniones similares al respecto, las autoridades marroquíes filtran una carta firmada por el señor Sánchez que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, lo que supone un giro unilateral y copernicano en la política exterior española. Una carta que no fue redactada por el posteriormente cultivador del género epistolar psicodramático, sino emanada de los propios medios del Gobierno marroquí y mal traducida con Google, pero ratificada por el señor Sánchez. Como siempre, ante el desconcierto que eso produjo en el equipo de opinión sincronizada, el Gobierno, con su pequeño Napoleón al frente, trasladó que esto era el precio que pagar por la normalización de la situación con Ceuta y Melilla, y que sería el finiquito definitivo contra las mafias que desde el suelo marroquí trafican con personas, con drogas y con armas.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.