«Aparte de esto, hablamos de un tribunal centralizado que supone una excepción al principio general, según el cual el juez que tiene que investigar los delitos es el del lugar de la comisión del hecho delictivo, donde este tiene más repercusión y donde es más fácil que el acusado pueda defenderse. También es un tribunal que hace un uso selectivo de su competencia, lo que hace imprevisible saber si un caso acabará llegando a la audiencia o no a pesar de su origen o carácter interprovincial. Asimismo, el hecho de ser un tribunal con unas competencias muy específicas, es decir, delimitado a unos asuntos sumamente específicos, hace que las sospechas que sobre el tribunal pueden existir aumenten de forma considerable. Y aunque se nos presente la Audiencia Nacional como un órgano especializado, la realidad nos descubre a menudo que los que ejercen allí no cuentan con ninguna especialización y muchos están destinados allí en comisión de servicios, servicios especiales o en situaciones poco compatibles con el derecho a lo establecido por ley. Si a esta especificidad le añadimos que algunos casos juzgados son muy mediáticos, nos encontramos con una serie de jueces estrella, jueces que hablan de independencia e imparcialidad dudosa, con comportamientos histriónicos, como, por ejemplo, el caso de un histórico, el juez Garzón, del que el independentismo olímpico tiene tan buen recuerdo. U otro juez esperpéntico, el juez Guevara, del 17-A, con intervenciones dignas de mala educación y fuera de juego. O alguna premiada, como la jueza Lamela, premiada por llevar a prisión a nuestros líderes sociales y políticos y por su perversa instrucción del caso Rosell. O, más recientemente, el juez que dice que el tsunami es terrorismo sí o sí, que el tsunami es terrorismo, el juez García-Castellón.»

Fragmento 7 de 9 de esta intervención.