«En esta Cámara ya hemos debatido sobre las demandas de los agentes de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, demandas que son históricas, como su necesidad de obtener más medios materiales y humanos. Sin embargo, hoy es el día de otros servidores del Estado, muchos de ellos frustrados y decepcionados por la gestión de este Gobierno en relación con esta materia. Reclaman desde hace años que el Gobierno no les da los medios necesarios para confrontar el narcotráfico, que sufren las consecuencias de no contar con herramientas para realizar las funciones que el Estado les ha encomendado: dar servicio y protección a toda la ciudadanía. El asesinato de nuestros dos guardias civiles en Barbate ha puesto en el punto de mira la situación de saturación en la que se encuentran todos los juzgados de la provincia de Cádiz, donde además las causas de narcotráfico se asumen y se suman a otros casos penales de Familia y de Registro Civil, entre otros. Señorías, lo que no puede ser es que juzgados como los de Barbate, Sanlúcar o La Línea se colapsen y cuenten con estructuras del siglo XIX. Son los juzgados más afectados, debido a la gran cantidad de procedimientos y de instrucciones que tienen que asumir, entre los tres, más de 10 000 en trámite en 2023. Lo que no puede ser es que, teniendo en cuenta las cifras facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial relativas al tercer trimestre de 2023, en Barbate se asuman 2017 causas, es decir, cinco veces más que en una provincia como Asturias completa. (Aplausos). A esta situación no se le puede dar como única respuesta nombrar una nueva jueza, porque no es suficiente, se necesita una plantilla completa, que es la que se encarga de poder gestionar todo aquello que necesitan para que los procedimientos, que son muy largos y complejos, lleguen a su fin.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.