«Muchas gracias, señor presidente. Traemos hoy a la Cámara una propuesta de ley para que se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad para todas las leyes de carácter orgánico y la obligatoriedad de que se resuelva en un tiempo limitado. Desapareció durante el Gobierno de Felipe González, porque era un obstáculo para la aprobación y ejecución de diversas leyes, entre otras, las del Consejo General del Poder Judicial o la de educación. La reforma que planteamos es una reforma de regeneración institucional para restablecer una condición básica del Estado de derecho. Esta reforma es necesaria, pero no es suficiente, dada la corrupción política actual de este Tribunal. La ausencia de este recurso ha tenido unas consecuencias irreparables, y pongo como ejemplo la ley de plazos o la ley del estatuto catalán, que dio lugar al salvaje proceso independentista y que determinó, cuando ya era tarde, la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad tan solo para los estatutos de autonomía. Se hubiera evitado el procés y los perjuicios también irreparables de la ley de plazos: más de cien mil abortos al año, porque en aquel momento no se hubiera declarado constitucional, como ahora, porque todos los informes eran contrarios, entre ellos el del Ministerio Fiscal o el del Consejo de Estado. Pero la traición del Partido Popular y la inactividad del Tribunal Constitucional a lo largo de trece años sin dictarse una sentencia hicieron que se normalizara una conducta ignominiosa como esta. Y, por la función pedagógica que tienen las leyes, ha provocado un perverso cambio de mentalidad, que ha culminado con una sentencia del Tribunal Constitucional que crea ex novo un derecho: el derecho al aborto, en contra de la doctrina del propio tribunal, que afirma el deber inexcusable del Estado de proteger al no nacido. Señorías, matar a un ser humano no puede ser un derecho. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 6 de esta intervención.