«¿Y qué hemos aprendido de esa crisis o al menos qué conclusiones sacamos en SUMAR? La primera, que tenemos una mala regulación del sector eléctrico, con un sistema de fijación de precios que permite beneficios desorbitados y que ahoga a nuestra economía productiva y doméstica y nos hace perder competitividad. Por eso hay que cambiar la regulación y poner un tope a dichos beneficios. Y segundo, que las grandes eléctricas son insensibles a la situación del país, y en los momentos más complicados no han mostrado ni un atisbo de corresponsabilidad, ni tan siquiera empatía hacia el propio sector económico, ni mucho menos hacia las familias. Por eso hay que democratizar la economía. (Aplausos). Creo que hay un magnífico ejemplo de por dónde tendríamos que ir. Fijémonos en la sequía. Porque a veces cuesta mucho entender por qué el libre mercado es un nefasto gestor de los bienes básicos y por qué algunos defendemos que hay que regular los servicios esenciales y apostar por la gestión pública. La crisis energética y la sequía describen perfectamente la diferencia entre entender la energía como un negocio o entender el agua como un servicio público. El precio del metro cúbico de agua del ciclo integral no supera los 5 euros. Dicho de otra forma, nos gastamos 7,5 euros al mes en ducharnos cada día. Pues bien, si el servicio de agua fuera como el energético, durante esta sequía estaríamos pagando 60 euros al mes para ducharnos. Hubo días en que los precios de la electricidad se multiplicaron por doce; hubo años enteros donde se multiplicaron por cinco. Y esto en el agua no está pasando, porque los sobrecostes de la sequía no se trasladan al recibo, sino que primero se ajustan los gastos y, después, los beneficios.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.