«Empecemos por la agenda climática que hemos querido construir como garantía para nuestros ecosistemas, pero sobre todo para las personas, para el conjunto de la economía hoy y mañana. Por tanto, un pacto entre generaciones para que nuestros jóvenes no sientan la amenaza de un futuro peor del que hemos vivido sus padres. Contar con un buen plan requiere partir de la realidad y del mejor conocimiento, cuáles son los escenarios climáticos en que nos manejamos, de qué manera los avances técnicos nos permiten reforzar nuestra respuesta y generar oportunidades, cómo nuestras ciudades, nuestras infraestructuras, pero también nuestras instituciones pueden identificar y gestionar correctamente los riesgos, y eso requiere participación y transparencia, atendiendo de forma muy especial a las comunidades y personas vulnerables, es decir, agenda verde y agenda social combinadas para una mejor agenda económica. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se aprobó en las Cortes Generales en 2021, nos ofrece un marco institucional adecuado para orientar y coordinar con éxito el proceso de construcción de un modelo de prosperidad estable, duradero, neutro en carbono y adaptado; nos permite desplegar el marco estratégico de energía y clima en el que hemos venido trabajando desde entonces. Contamos con objetivos ambiciosos y realistas en descarbonización, pero necesitamos también invertir en adaptación para evitar algo que la Agencia Europea de Medio Ambiente o el Postdam Institute for Climate señalan como una de las principales amenazas para Europa, y es la pérdida de PIB, un impacto terrible desde el punto de vista social y económico en el supuesto de que Europa no se prepare para lo que está aconteciendo ya. Y, en particular, en España, donde las estimaciones muestran que podría llegar a haber hasta un 18 % de pérdidas del PIB de aquí a 2050 si no actuamos a tiempo.»

Fragmento 3 de 27 de esta intervención.