«Queremos seguir aplicando fórmulas novedosas que nos permitan avanzar en este diálogo entre administraciones, obviamente, pero también con el tejido productivo y con la sociedad civil. Porque, al contrario de quienes niegan el cambio climático o prefieren ignorar sine die su existencia, la sociedad española demanda a su Gobierno mayor ambición; mayor ambición para afrontar los desafíos; mayor ambición para hacerlo con justicia social. Nada más tomar posesión, este Gobierno se puso manos a la obra. En poco más de un año, conseguimos aprobar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que mereció las mejores calificaciones en el entorno europeo. Como ahora, con la revisión que estamos llevando a cabo, ha merecido su borrador, no solo por el enfoque estratégico, también por su consideración con respecto a las oportunidades o los impactos socioeconómicos que las políticas climáticas podían implicar. Ha sido la piedra angular de esta transformación. En realidad, en poco más de seis años hemos dado un giro estratégico de 180 grados al sector energético. Decía antes que veníamos del estancamiento en el desarrollo de las renovables, del desincentivo insólito al autoconsumo por parte de los consumidores y de una significativa pérdida de confianza inversora en el sector energético. Veníamos de ser unos apestados, con una herencia de más de 10 600 millones de euros en litigios y procesos de arbitraje internacional, que todavía continúan, y una pérdida de empleos y de cierres industriales que algunos cifran en 80 000 puestos de trabajo en poco más de siete años como consecuencia del cierre industrial y de la práctica desincentivación del despliegue renovable. Del estancamiento en la instalación de energías renovables equivalente a 0 megavatios entre los años 2012 y 2018, hemos pasado a convertir nuestro país en un destino preferente en materia renovable. Porque España no quería entonces y no quiere ahora perder el tren de la nueva revolución industrial vinculada a la Agenda Verde. Porque la tarea del Gobierno desde junio de 2018 ha sido detectar las carencias de la regulación en las políticas que impedían que pudiéramos desplegar nuestro potencial, obviamente, sin dejar de defender los intereses de España, mientras diseñábamos un nuevo marco estratégico destinado a conseguir un despliegue de renovables acelerado, pero ordenado y garantista con el medio ambiente y las personas, una mayor electrificación de la economía, el incremento de la eficiencia energética y garantías de protección social tanto para los consumidores domésticos industriales como, obviamente, para los trabajadores. Todo ello, con la finalidad de hacer de la transición energética una fuente de oportunidad.»

Fragmento 5 de 27 de esta intervención.