«El impulso de la capacidad de reutilización en España -?que prevemos duplicar antes de final de 2027, alcanzando los 800 hectómetros cúbicos al año- nos da de nuevo una mayor seguridad. La mejora de la infraestructura de interconexión dentro de cada cuenca, facilitando la gestión del recurso y evitando pérdidas en su transporte -?por ejemplo, en la cuenca del Segura-, nos permite -?a través de canalizaciones, de conexiones, de la integración de energías renovables para reducir los costes energéticos asociados al agua desalada y la depuración en el transporte- que puedan estar accesibles para todos a precios razonables y en todas las demarcaciones. Un país como España no puede descuidar el saneamiento y depuración. Son obligaciones incumplidas por las que hemos sido sancionados. En 2018, 547 aglomeraciones urbanas se encontraban en situación de incumplimiento y España tenía cinco procedimientos de infracción abiertos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos condenó con una multa coercitiva de 12 millones de euros, más 10,95 millones al semestre por retraso, por el incumplimiento en nueve aglomeraciones urbanas que vertían sus aguas sin depurar. Desde 2019, la Comisión acredita el cumplimiento de obligaciones en cinco de las nueve y, obviamente, tenemos que seguir trabajando.»

Fragmento 14 de 27 de esta intervención.