«Pero estas prioridades deben ir acompañadas por otra aún más importante: la democratización del acceso a la energía, situando a la ciudadanía en el centro del sistema energético, siguiendo criterios de equidad, sostenibilidad, transparencia y justicia; también promocionando el autoconsumo como práctica básica para que la configuración del sistema eléctrico distribuido del futuro rompa con la economía de un sistema eléctrico concentrado y centralizado, y que dé a la ciudadanía capacidad de decisión. Poner las personas y la ciudadanía en el centro de la política energética es condición sine qua non en tanto que la energía es un bien básico de primera necesidad, y, por lo tanto, es un derecho básico cuyo acceso universal debe estar garantizado. El derecho al confort térmico, a vivir confortablemente en casa sin pasar frío en invierno ni calor en verano, es responsabilidad del Estado como agente activo para suministrar dicho servicio público. El aumento de la pobreza energética, la opacidad en la fijación de los precios y la falta de libertad de los consumidores para paliar los efectos de la subida de los precios demandan un cambio estructural del modelo energético que no cubre las necesidades básicas. Es necesaria una reforma profunda del modelo, de su funcionamiento y composición, no solo para que la transición energética avance, sino para que esta se produzca de forma democrática y abierta, sin dejar fuera a las personas consumidoras y recuperando el concepto de servicio público que perdimos con la reforma de 1997.»

Fragmento 4 de 8 de esta intervención.