«Hay que reformar la Ley del Sector Eléctrico, es imperativo la recuperación de utilidad pública de la electricidad, incorporando como derecho su acceso universal y la disponibilidad de un precio que refleje con transparencia los costes reales originales y el pago por uso, por ejemplo, impidiendo definitivamente la integración vertical de actividades de generación, distribución y comercialización de empresas del mismo grupo. Y dar respuesta al aumento de la pobreza energética, articular un consumo vital garantizado que se convierta en tarifa social es el camino, pero antes hay que convertir en permanente la moratoria de cortes de suministros aplicando el principio de precaución. Señora ministra, debemos avanzar en el marco legal estable que garantice el derecho a la energía a las familias vulnerables. Hay que dar seguridad y certeza a más de un millón y medio de personas. Garantizar los suministros para colectivos vulnerables, ampliar la cobertura del bono social eléctrico, reducir al tipo 5 el impuesto sobre el valor añadido a determinados colectivos son medidas vitales que podemos articular desde ya, desde hoy, pero es aún más importante transitar de un modelo asistencial de ayudas a un modelo que apueste por el reconocimiento de derechos. Además, hay que aprovechar todas las herramientas a nuestro alcance, también el Fondo Social para el Clima.»

Fragmento 5 de 8 de esta intervención.