«Nosotros nos encontramos con algo que nos pareció correcto y se lo voy a confirmar. Han sido muchos de ustedes los que han hecho comentarios al respecto: un límite a la inversión anual en redes de transporte y distribución de electricidad. La justificación de aquella medida adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy estaba directamente vinculada a una parte de la factura eléctrica, como es el coste de los peajes que los consumidores deben pagar, y nos pareció correcto. Es cierto que en estos momentos sabemos que se requiere una inversión muy importante en la modernización de nuestras redes, porque, efectivamente, la electrificación requiere una infraestructura sólida y por eso, como explicaba en mi intervención, ha habido un incremento de más del 63 % anual en inversión en redes eléctricas de transporte y distribución. Ha habido una propuesta extraordinaria, modificando la planificación vigente y aportando 324 millones procedentes del plan de recuperación, y se ha activado el proceso que nos permitirá disponer de un mapa, de una orientación sobre la planificación de redes para el año 2030 con antelación a lo que hubiera sido la fecha habitual, porque pensamos que es importante que esto ofrezca visibilidad a los inversores. Es cierto que nos va a suponer una tramitación sumamente exigente por parte tanto de Red Eléctrica como de los propietarios de las redes, de los titulares de las redes de distribución y de toda la tramitación ambiental. Y es cierto que es importante hacerlo y hacerlo bien, sin que suponga una sobrecarga notable en nuestra factura y sin que suponga un escenario que no sea realista con respecto a los plazos de ejecución de todos estos incrementos de dotación, y en eso estamos. Hemos ido al límite desde el punto de vista de la ambición. Estamos convencidos de que lo podemos hacer y estamos convencidos de que es viable desde el punto de vista de la financiación de esta inversión para con todos los consumidores. Lo que no es cierto, y quiero dejarlo muy claro, es que esta inversión en redes esté exenta de tramitación ambiental. Claro que tiene tramitación ambiental y claro que en el despliegue de las renovables y de la infraestructura energética se requiere reforzar la valoración del impacto social y generar beneficios en el territorio donde se instalan, donde se despliegan estas inversiones.»

Fragmento 4 de 18 de esta intervención.