«El señor Rego ponía de manifiesto que algunas de las cuestiones fundamentales que se afrontan en Galicia tienen que ver no solamente con la cuestión del parque de generación eléctrica, sino con la evolución de la crisis climática, y añadía, en tercer lugar, su rechazo al despliegue de la eólica offshore. Yo estoy convencida, y esto es un asunto que hemos tratado con muchísimo cuidado, con muchísimo diálogo e incorporado al máximo todas las cautelas que contaban con suficiente respaldo, con suficiente información, de que los planes de ordenación de los espacios marinos son positivos para todo el mundo, pero son positivos también para aquellos hombres y mujeres del mar, para aquellas personas preocupadas por la biodiversidad marina, para aquellas personas que han desarrollado su actividad en el entorno marino, que saben exactamente dónde, como mucho, puede llegar a desarrollarse esta nueva alternativa que nos permitirá no solamente seguir desplegando nuestra industria en este ámbito, sino seguir generando oportunidades de descarbonización del sistema eléctrico. Señalaba la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que agradecía todos los avances en materia de transformación del sistema energético insular. Venimos trabajando con Canarias y con cada uno de los cabildos, no solamente con el Gobierno canario, desde hace tiempo. Creo que hay un parque envejecido que necesita una modernización importante, pero siempre pensando en la garantía de suministro para los consumidores. Añadía su preocupación por ese convenio de obras hidráulicas. Lo cierto es que, como ya hemos tenido ocasión de explicarle al consejero en reiteradas ocasiones y al presidente del Gobierno de Canarias, no es posible firmar un convenio en el que solamente una de las dos partes transfiere el recurso, en el que la otra parte no aporta recurso. Por eso, lo que hemos hecho, solidarizándonos con Canarias y su situación, ha sido garantizar que todos los años, a través de una transferencia presupuestaria, irán 8 millones para reducir costes de desalación para abastecimiento urbano, otros 8 millones para reducir los costes de desalación para regadío y 20 millones para inversión en infraestructuras hídricas en Canarias. Corresponde al Gobierno canario trabajar con los cabildos para ver cuál es el mejor reparto de este recurso.»

Fragmento 15 de 18 de esta intervención.