«Es importante trabajar sobre la base de los mejores datos sobre pobreza energética y consolidar una respuesta estructural. Como decía antes, nuestra intención es mantener unos umbrales de protección más elevados para aquellos que tienen dificultades en pagar las facturas eléctricas y las facturas térmicas, pero también trabajar en el origen del problema, y hacerlo sobre algo que creo que es imprescindible: acercar la Administración a aquellas familias que lo necesitan. Una de las principales dificultades que hemos vivido en estos años consiste, precisamente, en la dificultad de llegar a los actores protagonistas, destinatarios o beneficiarios de estas medidas desde la Administración General del Estado. He de decir que este Estado es muy desigual en las medidas de protección social, en la administración de protección social y en los servicios sociales. Los servicios sociales requieren una fiscalidad que permita que la Administración este próxima a quien lo necesita y que cuando un potencial beneficiario de cualquier servicio público lo necesite pueda contar con alguien a quien acudir, porque si no tendremos que seguir haciendo lo que, por razones obvias, hemos tenido que activar desde la pandemia, y es que sean también las organizaciones sociales, las organizaciones privadas de carácter social, las que nos ayuden a acompañar, en representación de estas personas, la demanda y la solicitud de cobertura de servicios tan elementales como es este bono social, que es un derecho de las familias que lo necesitan.»

Fragmento 9 de 10 de esta intervención.