«La nueva autoridad tendrá autonomía financiera, orgánica y funcional, y sustituirá a las comisiones de investigación técnica de accidentes e incidentes marítimos, ferroviarios y de Aviación Civil. El consejo será el máximo órgano de gobierno de la autoridad, y sus miembros, un presidente y seis consejeros, serán nombrados por real decreto a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el visto bueno de nosotros, del Congreso. La futura ley incluye un régimen jurídico relativo a la investigación de accidentes y un régimen de información para las víctimas, familiares y asociaciones de víctimas. El objetivo es reforzar la independencia del organismo de investigación, ya que, a la independencia funcional, que ya tenemos, se sumará la orgánica, al poseer personalidad jurídica diferenciada; y la financiera, importantísimo, ya que obtendrá sus ingresos a través de la participación en la recaudación de las tasas. La ley incluye un régimen de información específico para las víctimas, familiares y asociaciones de víctimas, que ven fortalecida su posición en el procedimiento respecto a la situación actual. Además, se ha incorporado un principio, el principio de cultura justa, que no paguen siempre los trabajadores y trabajadoras, los que están en primera línea del accidente y en la última de la jerarquía, aunque no hayan cometido ninguna negligencia.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.