«La segunda cuestión es que este es un acuerdo por el que la justicia española vuelve a estar a pleno rendimiento, porque renovar el Consejo General del Poder Judicial no era solo un mandato constitucional, no era ni mucho menos un capricho del Gobierno o de los socialistas; era -como he dicho- una cuestión de interés general, de esas que se dicen de Estado. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano político y administrativo que tiene como función fundamental garantizar la independencia de los jueces y magistrados, algo que hacía incomprensible que los que tanto levantan la voz para reivindicar esa independencia y la despolitización de la justicia tuvieran durante más de cinco años secuestrado políticamente -porque lo que hemos vivido ha sido un secuestro político- al órgano de gobierno de los jueces. Pero es que, además, también le corresponde a este Consejo nombrar a la cúpula del Poder Judicial, a los miembros del Tribunal Supremo, a los presidentes de los tribunales superiores, a los de las audiencias provinciales... En este momento, por tener un consejo más que caducado están sin cubrir veintiséis plazas del Tribunal Supremo, setenta y dos de los tribunales superiores y audiencias provinciales y cientos de jueces y magistrados han visto su carrera profesional paralizada. Se calcula que por cada año de bloqueo el Tribunal Supremo acumula más de mil asuntos de retraso. Es decir, el bloqueo ha afectado directamente a la propia Administración de Justicia y, por lo tanto, al servicio público fundamental que esta presta a la sociedad española. Esto no solamente ha tenido costes económicos, que han sido más que evidentes y están cuantificados en más de 12 millones y medio al año, no, esto ha tenido un coste reputacional y un coste directo para los ciudadanos y ciudadanas que han visto afectado su derecho al acceso a la justicia, que es un derecho básico y fundamental. Así que volver a poner a pleno rendimiento la justicia en nuestro país es otra muy buena noticia.»

Fragmento 2 de 7 de esta intervención.