«Gracias, presidenta. Señorías, ministro, esta ley supone un avance en el reconocimiento del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva y se enmarca en los artículos 17 y 24 de nuestra Constitución. La defensa es una función propia de los abogados y de las abogadas y así resulta de nuestra Constitución y también de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, que garantiza este derecho fundamental. Esta ley no radica solamente en la protección de los derechos de los abogados y de las abogadas, sino de la ciudadanía, con especial énfasis en quienes carecen de recursos para litigar; es un derecho que afecta a toda la ciudadanía, porque de él depende el ejercicio del resto de los derechos fundamentales ante nuestros tribunales de Justicia. Hay que decir también que a esta ley le falta ambición. Llevamos mucho tiempo trabajando en ella, pero hay temas que no se han abordado. Por ejemplo, derechos laborales de la abogacía, la conciliación, especialmente en las mujeres, que tenemos enormes dificultades para ejercer la profesión y conciliar o ser madres. Ese es un tema del que hemos hablado y que hemos discutido y debatido en cada despacho en los que hemos estado y con cada una de las autónomas que conozco. Eso no se ha abordado en profundidad y tiene que abordarse en algún momento. También las condiciones de la asistencia jurídica gratuita y, cómo no, las futuras pensiones de los y las mutualistas tanto de la abogacía como de la procura. El ministro de Justicia anunció que va a haber próximas iniciativas legislativa para abordar estas cuestiones. Solo esperamos, señor ministro, que no sea un anuncio más y que esto llegue a buen puerto.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.