«Ya están también regulados los anhelos orientativos de los colegios profesionales, al menos en materia de costas. No hay más que leer las leyes procesales, pero sé que los colegios de abogados han mostrado un gran interés en este punto y en que haya una regulación más pormenorizada y, acaso, más tuitiva también de lo que puedan ser sus retribuciones en concepto de honorario, y nos parece razonable que sea así. La ley contiene también una reiteración, la enésima, del derecho del justiciable a la comunicación en cualquier lengua cooficial. Esto está reconocido en las leyes desde hace muchos años, lo que presenta perfiles discutibles, como usted puede saber; por ejemplo, resoluciones judiciales en lenguas distintas del castellano cuando la justicia -iba a decir la injusticia, por impartirse en esa lengua- se imparte para todos los españoles, sean nacionales o extranjeros; luego el juez, que resuelve en una lengua que no es el castellano, no investiga previamente si el justiciable es conocedor del catalán o del vascuence, no lo investiga ni tiene por qué; pero es evidente que el justiciable no resulta debidamente tutelado en su condición de tal cuando la magistratura le notifica resoluciones en una lengua desconocida para él. Por no hablar de los extranjeros, claro, que cuando vean esto pensarán que han llegado o están en un país de locos; ¡de locos!»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.